Este 26 de junio, en el marco de la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, las organizaciones, colectivos y personas firmantes hacemos un llamado a la administración del gobierno federal electo a retomar los desafíos y compromisos pendientes en materia de combate a la tortura y en la atención integral a las personas sobrevivientes y sus familias, ya que es una realidad aún latente en el país. De acuerdo con datos del Observatorio Contra la Tortura, tan sólo del 2014 al 2022 se iniciaron alrededor de 47,069 expedientes de investigación por el delito de tortura.
Por ello, consideramos urgente e importante cumplir con uno de los grandes pendientes de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (LGT): la implementación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OTPCID). Desde septiembre del año 2019, se diseñó una propuesta en conjunto con diversas dependencias del gobierno federal y organizaciones de la sociedad civil especialistas en la materia, pero aún está pendiente su publicación. Resaltamos que este programa se estableció en la LGT para crear una política pública nacional con enfoques diferenciados que, además de hacer un diagnóstico sobre la situación en diversos contextos, permitiera implementar líneas de acción coordinadas para la prevención, atención a víctimas y acceso a la justicia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del Estado mexicano.
Asimismo, instamos a tomar acciones para la creación de mecanismos que garanticen que los servicios forenses sean imparciales y de calidad para documentar los impactos de la tortura en las víctimas, así como garantizar que las fiscalías investiguen con independencia y autonomía orgánica y operativa, que se les dote de recursos humanos, técnicos y económicos suficientes para llevar a cabo investigaciones eficientes y exhaustivas que tengan como resultado mayor acceso a la justicia en los casos de tortura y OTPCID. También, que se apliquen correctamente las herramientas relacionadas con la prevención de la tortura establecidas en la LGT, como el Registro Nacional del Delito de Tortura; se implemente y actualice el Protocolo Homologado de Investigación; y, se designe el órgano de gobierno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Llamamos al Estado mexicano a aceptar y acatar las recomendaciones relativas a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo de la normativa nacional, tal como, recientemente, se recomendó en el Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, y como también lo han ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU en informes, sentencias y decisiones sobre casos contra México. Desde hace más de 10 años, los órganos internacionales de derechos humanos han destacado con preocupación que ambas figuras violan el derecho de libertad personal, el debido proceso, y el principio de presunción de inocencia, y expone a las personas detenidas a posibles torturas. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del año 2021, evidenció que la prisión preventiva oficiosa es un momento durante el cual, frecuentemente, se cometen actos de tortura y malos tratos.
Hoy más que nunca, el Estado debe fortalecer la investigación y documentación temprana y efectiva de delitos como la tortura y tortura sexual con enfoque de género, en atención a las salvaguardas del debido proceso, para que las autoridades judiciales cuenten con los elementos necesarios para resolverlos con prontitud bajo la garantía de los derechos humanos. En el sistema penal acusatorio, deben tomarse salvaguardas para evitar la aceptación, bajo tortura, del procedimiento abreviado.
Resulta fundamental el reconocimiento de la existencia de la tortura y otros tratos y penas, crueles, inhumanos y degradantes en México, así como el compromiso por parte de la nueva administración para combatir de manera efectiva y decidida este crimen y grave violación de los derechos humanos, para garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación integral de todas las víctimas de este: las y los sobrevivientes de tortura y sus familias, y que se garantice la no repetición.
Atentamente,
Organizaciones y colectivos firmantes:
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C (CÓDIGO DH)
Comité de Víctimas 9N
Documenta, análisis y acción para la justicia social
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), A.C.
Instituto RIA, A.C.
Laboratorio de Litigio Estructural, A.C.
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura
5 de Junio Memoria (sobrevivientes de desaparición forzada y tortura)
Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos
El Rebozo, Cuidado de la vida y los territorios A.C.
Personas firmantes:
Alejandra Elizondo Salazar
Flavio Pinedo Márquez
Inés M. Michel
Mayra Griselda Contreras Flores
Mercedes Rodríguez
Rogelio Amaya Martínez
Rosa Mora P.
Tonantzin Lazcano
Valeria Patricia Moscoso Urzúa, Acompañante Psicosocial
Wendy Andrea Galarza Herrera
Edith Escareño Granados
Gladys F. Morales Ramírez
Familia Córdova Martínez
Volga de Pina Ravest
Floridalma Pérez González
W.M. O.
Familiares de Miguel Ángel Peralta Betanzos (sobreviviente de tortura y perseguido político mazateco)
Andrea Cárdenas
Alejandra González Marín
